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Una mañana de principios de marzo, me reuní con John Cano, un organizador de inmigración de treinta años. Nos vimos en la puerta de su oficina en el Legal Aid Justice Center (LAJC, por sus siglas en inglés) en Falls Church, Virginia. Faltaban pocos minutos para las 8:00 de la mañana, estaba despejado y hacía unos dos grados centígrados.
Cano extendió la mano en señal de saludo. “Como ya sabrás”, dijo, “ICE podría hacer una redada hoy. Hemos tenido que hacer algunos ajustes”.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) afirma que sus agentes detuvieron a más de 7.400 personas en todo el país en los primeros nueve días de la segunda administración de Donald Trump. Ese mismo mes, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, se puso equipo táctico y publicó fotos de ella misma acompañando al ICE en una redada en la ciudad de Nueva York. “7:00 de la mañana en NYC. Sacando a los nacos de la calle”, escribió en un post en X el 28 de enero. En febrero, los agentes federales detuvieron a más de 22.000 personas y deportaron a 18.000, algunas de ellas encadenadas en aviones militares.
A pesar de todas las imágenes iniciales de redadas del ICE y aviones militares, la Administración Trump parece estar ya retrasada en su objetivo declarado de deportar a millones de personas. Tom Homan, el zar fronterizo de Trump a cargo de las deportaciones masivas, quiere aumentar el número de detenciones. Las comunidades y las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes de todo el país se preparan para el repunte.
Unos días después de la inauguración de Trump, me puse en contacto con el LAJC para ver si podía acompañar a uno de sus organizadores y observar cómo ellos, y las comunidades de inmigrantes donde trabajan, estaban respondiendo a la retórica y las órdenes ejecutivas de Trump.
El día que planeamos reunirnos, Cano se ofreció a llevarme a un lugar de distribución de alimentos y a un punto de reunión de jornaleros en dos comunidades diferentes del norte de Virginia. Los agentes del ICE se habían reunido en el lugar de distribución de alimentos días antes y, al parecer, habían sido vistos esa misma mañana a una cuadra de distancia de la banqueta donde los jornaleros esperaban para trabajar.
Cano me contó que su equipo recibió un pitazo sobre los movimientos del ICE y envió a un observador para comprobarlo. Otra organizadora, Kathy Nuñes, se puso en contacto con los miembros de la comunidad para preguntarles si preferían suspender la ayuda alimentaria mensual esa mañana. Dijeron que preferían continuar como estaba previsto, aunque los organizadores les aconsejaron que la gente no hiciera fila en el lugar antes de que llegara el camión de comida, uno de los ajustes al plan que el LAJC hizo esa mañana.
Cano reunió su material: cinta amarilla de precaución, una bocina, un micrófono, cajas de tarjetas informativas y montones de carpetas manila con folletos en los que se ofrecían consejos, información de contacto y ejemplos de órdenes administrativas y judiciales.
El LAJC distribuye información de emergencia en tarjetas amarillas y rojas, con el inglés en una cara y el español en la otra. La tarjeta amarilla contiene un número de teléfono directo —(855) AYU-DAR1— atendido por voluntarios bilingües que están disponibles de las 5:00 de la mañana a las 9:00 de la noche para ofrecer asistencia en tiempo real durante o después de los encuentros con el ICE. La tarjeta aconseja a las personas que no abran si los agentes del ICE llaman a la puerta, que eviten el contacto con los agentes del ICE en la calle, que llamen a la línea directa para informar de lo que está ocurriendo y que guarden silencio y se abstengan de firmar cualquier documento durante los encuentros con el ICE.
La primera línea de la tarjeta roja dice: “Usted tiene derechos constitucionales”.
“Sugerimos a la gente que pegue esta hoja en el interior de su puerta”, dijo Cano, mostrándome un volante. “Una cosa es recibir una tarjeta, un folleto o escuchar a un organizador hablar de tus derechos, pero en el momento en que el ICE llama a tu puerta, el pánico puede apoderarse de ti. Por eso, sugerimos a la gente que cuelgue esta hoja en la puerta, así tendrá ante sus ojos el número de la línea directa y un recordatorio de sus derechos”.
John Gibler
El Centro de Justicia y Asistencia Legal (LAJC) distribuye tarjetas de información de emergencia que brindan información sobre sus derechos (“Know Your Rights”), detalles de contacto y orientación sobre qué hacer si los agentes de ICE llaman a su puerta.
Cano cargó el material en su coche y nos pusimos en marcha. Me dijo que el LAJC contaría con el apoyo de otros dos organizadores y de un abogado, así como de numerosos voluntarios. Describió la zona donde íbamos como una comunidad diversa de clase trabajadora con una gran población inmigrante procedente de América Latina, Asia, y las islas del Pacífico.
Llegamos a un estacionamiento público cerca de una escuela primaria. Nuñes y otros dos voluntarios estaban allí esperando, con las manos en los bolsillos y los gorros de lana calados. Acotaron una zona con cinta adhesiva, colocaron la bocina y combatieron el frío con un poco de cumbia.
Cano y Nuñes atendieron e hicieron llamadas mientras empezaban a llegar los primeros voluntarios y una de las directoras jurídicas del LAJC, Catherine Cone.
María, una mujer de unos sesenta años que vestía unos pantalones deportivos gris, una sudadera de lana andina, una chamarra rosa oscuro y un gorro de lana, se acercó para saludar a Cano y preguntarle por los avistamientos del ICE esa misma mañana.
María es una inmigrante. Ella, como otros inmigrantes tanto ciudadanos naturalizados como indocumentados, me pidió que sólo utilizara su nombre de pila por miedo a represalias. Nacida en Bolivia, María llegó a los Estados Unidos hace treinta y tres años, trabajando como niñera. Ahora está jubilada, con dos hijos en el ejército Estadounidense, recibe $500 al mes de la Seguridad Social y paga $800 al mes de alquiler. La ayuda alimentaria que proporciona el LAJC es un gran alivio para todos los que acuden, afirma. Lleva años trabajando como voluntaria aquí, y estaba visiblemente preocupada por si el ICE llegara a hacer una redada con la fila de distribución de alimentos.
“Nos están traumatizando”, dijo. “Yo no tengo familiares indocumentados, pero amigos sí. Es una desgracia lo que están haciendo. Que Díos perdone a este país. Yo voté por él y me arrepiento”.
Me sorprendió saber que había votado por Trump y le pregunté qué había esperado que hiciera. “Pensé que habría un cambio, que habría más empleo, que impondría un poco de orden con tanto crimen. Pero ahora me arrepiento. Nunca imaginé que esto estaría pasando”, dijo en referencia a las deportaciones masivas de Trump.
A las 9:00 de la mañana, varios familiares, en su mayoría mujeres, habían acompañado a sus niños al colegio y habían empezado a reunirse en el estacionamiento con sus bolsas de compra vacías. El distribuidor de alimentos iba con retraso. Algunas personas esperaban a la vuelta de la esquina o al final de la cuadra, fuera de la vista.
Una mujer se me acercó y me preguntó si se había cancelado la distribución de alimentos. Le respondí que la gente seguía esperando a que llegara el camión de reparto. La mujer nos pidió ayuda a Nuñes y a mí para leer algo en inglés. Dijo que era de Guatemala y que llevaba ocho años en los Estados Unidos. Acababa de dejar a sus dos hijos en la primaria. La hoja de papel que nos mostró era un aviso para comparecer ante el tribunal de inmigración. Su incomparecencia, decía la carta, daría lugar a una orden de expulsión. Era la primera carta que recibía desde que entró en el país. La cita era para el día siguiente.
Pronto Cano apagó la música, repartió el material y se dirigió a una treintena de personas. Repasó la información de las tarjetas amarilla y roja, y describió qué hacer en caso de que los agentes del ICE llamaran a la puerta: No abrir, no responder preguntas y, si los agentes dicen que tienen una orden judicial, pedirles que la pasen por debajo de la puerta.
Cano explicó que, mientras que las órdenes judiciales firmadas por un juez otorgan a los agentes el derecho a entrar en los domicilios, las órdenes administrativas emitidas por el DHS no lo hacen. Instó a los asistentes a verificar que en cualquier orden que se les entregue figuren sus nombres correctos y los direcciones correctas y completas, y que no abran la puerta en caso de alguna discrepancia en esa información. Y aconsejó que todos los miembros de la familia tuvieran sus documentos de identidad e inmigración fácilmente accesibles en caso de que los agentes del ICE llegaran por un miembro de la familia. “Si los agentes entran en la casa por una persona”, dijo a la multitud, “se llevarán a todas las personas que puedan. Esta administración quiere asustarnos y decirnos que no tenemos derechos, pero la Constitución dice que las personas tienen derechos, no los ciudadanos, las personas”.
A continuación, el personal del LAJC hizo actuaciones en diferentes escenarios. Nuñes y una amiga fingieron estar en su casa mientras Cano asumía el papel de un agente del ICE que llamaba a su puerta, presionándoles para que abrieran, diciendo que tenía una orden judicial.
Una mujer preguntó: “Si el ICE llama a la puerta y no abrimos, ¿qué pasa? ¿Pueden forzar la entrada?”
“Es posible”, respondió Nuñes. “Lo digo para ser sincero, no para asustarlas. Pero sólo lo harán si tienen una orden judicial”.
Tras responder a algunas preguntas más, volvieron a poner la música. La gente seguía llegando, formando una fila en uno de los bordes del estacionamiento. Una mujer guatemalteca de veintiséis años que trabaja en el servicio doméstico me contó que llegó al país en busca de asilo hace tres años, huyendo de la violencia doméstica y con la esperanza de ofrecer un futuro mejor a sus dos hijos. Cuando le pregunté cómo se sentía desde la toma de posesión de Trump, me dijo: “Tengo miedo de salir a la calle, miedo de ir a trabajar. Tengo miedo de llevar a mis hijos a la escuela”.
Hacia las 10:00 de la mañana llegó el camión de la comida. El conductor descargó paletas de madera con enormes cajas de cartón de manzanas rojas y bolsas de cincuenta libras de cebollas, papas y repollo. Unos setenta adultos, con una decena de niños corriendo entre sus piernas, se movieron en grupos de tres y tendieron sus bolsas para que los voluntarios las llenaran. En unos treinta minutos se distribuyó la comida y la multitud se dispersó por completo, dejando sólo tres bolsas de repollo para repartir entre los voluntarios.
Cuando todo el mundo se marchó, Cano y yo fuimos a comer unas baleadas y conversar en un restaurante de comida salvadoreña y hondureña. Los padres de Cano emigraron a los Estados Unidos desde El Salvador a finales de los 1970s y principios de los 1980s, durante los peores años de la guerra civil salvadoreña. Su experiencia como inmigrantes que huían de la violencia apoyada y financiada por el gobierno estadounidense fue la base de la vocación de Cano de trabajar con comunidades de inmigrantes. “Si mis padres no hubieran compartido su historia conmigo, quizá yo no estaría aquí”, afirmó.
Fotografía cortesía de John Cano
John Cano habla con el personal del Centro de Justicia de Asistencia Legal (LAJC) en una asamblea comunitaria que la organización celebró en noviembre de 2024.
Cano dijo que el LAJC empezó a planificar para una posible victoria de Trump antes de las elecciones. Una vez conocidos los resultados, se pusieron manos a la obra. La línea de atención telefónica atendida por voluntarios, los materiales impresos y el trabajo de organización de base se derivan de esa planificación.
Después de comer fuimos al centro comercial donde esa mañana se había visto a agentes del ICE. Antes, Cano me había enseñado un vídeo que circulaba por internet en el que se veían vehículos del ICE en un estacionamiento y agentes del ICE en la calle, algunos con equipo táctico. En pocas horas, el vídeo había recibido más de 8.000 vistas.
Visitamos una tienda con clientela mayoritariamente inmigrante cerca de donde se vio a los agentes del ICE. La abrió un salvadoreño que emigró a los Estados Unidos en 1982. Su hijo, de treinta y tres años, al que llamaré Adam, dirige ahora el negocio.
“Esta mañana abrí la puerta y el primer cliente que entró me dijo que había un vehículo militar y una furgoneta estacionados justo ahí. Llegaron y todo el mundo se dispersó”, explicó.
Cano ofreció a Adam pilas de las tarjetas amarillas y rojas y los folletos para que los distribuyera entre sus clientes y le explicó la información y las recomendaciones.
“Esto es bueno,” dijo Adam al recibir el material. “Somos una comunidad que se asusta antes de informarse. Es horrible oírlo, pero es cierto. Somos una comunidad que está muy mal informada.”
Dijo que durante dos semanas después de la inauguración de Trump, la gente tenía miedo de ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela. La gente que entraba en la tienda se redujo a un goteo. “Se notaba que la gente no salía. Ahora, todavía tienen miedo, pero bromean y dicen que estarán aquí hasta que Trump los eche”, dijo. “La cosa se va a poner fea”.
Los clientes iban y venían, escuchando a nuestra conversación. Cano repartió algunas tarjetas amarillas y rojas más, describiendo su contenido.
Cano y yo nos dirigimos a un tramo de la banqueta donde se reúnen los jornaleros para esperar el trabajo. Dos hombres estaban allí y otros tres se acercaron poco después de que llegáramos. Cano distribuyó de nuevo las tarjetas y los folletos, les explicó la información y respondió a sus preguntas.
Los hombres, cuatro de Guatemala y uno de Honduras, dijeron que llevaban allí desde las 7:00 de la mañana y que en ese tiempo sólo habían contratado a una persona para un trabajo. Esperan que con la llegada de la primavera aumente la demanda de jornaleros.
“Sólo le pido a Dios un año más,” dijo el hombre de Honduras. “Llevo aquí cinco años. Con un año más de trabajo me iré a casa. Este no es un buen lugar para hacerse viejo.
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La elaboración de este artículo ha contado con el apoyo del proyecto Voces de la Resistencia de Global Exchange.
John Gibler es el autor de Una historia oral de la infamia (Sexto Piso, 2020) entre otros libros.